In MI OPINIÓN

Todo el mundo sabe que los edificios ni son eternos ni se conservan solos.

Como en cualquier otro instrumento o utensilio que forma parte de nuestra existencia, cualquier deficiencia detectada a tiempo, sólo produce daños leves y puede subsanarse a bajo coste.

En caso contrario, los daños se agravan y aumenta el coste de la subsanación.

Siempre me ha llamado la atención que los edificios de titularidad pública, con independencia de que pertenezcan a un ministerio, a una consejería o a un ayuntamiento, cuentan siempre con un departamento encargado de su mantenimiento a cuyo frente suele estar un profesional denominado como Arquitecto Conservador.

Este tipo de departamentos también existe en algunos edificios de titularidad privada como las cadenas de hoteles, de gasolineras, de oficinas bancarias o de grandes almacenes.

Como empresas con ánimo de lucro, saben que la defensa de su patrimonio inmobiliario pasa por tener profesionales que controlen la conservación de los edificios y detecten cualquier lesión constructiva nada más aparecer.

Sin embargo, los edificios residenciales privados, es decir los edificios en régimen de propiedad horizontal en los que casi todos habitamos, carecen de profesionales que puedan prestarle este servicio, fundamental para la defensa del patrimonio de cada uno de los integrantes de las comunidades de propietarios.

Para los propietarios de viviendas, la pequeña inversión que supone contar con un Arquitecto Conservador, siempre se amortiza con la reducción de gastos de conservación y mantenimiento del edificio.

Luis Jurado
Arquitecto especializado en divulgación sobre edificios en Jornadas, Cursos y Medios de comunicación
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